Tras la implementación del marco normativo de la reforma del cannabis en Alemania, incluido el CanG, y a la luz de los recientes avances y debates relacionados con el cannabis, ¿qué aspectos consideras que han funcionado mejor hasta ahora, qué ámbitos necesitan una revisión regulatoria urgente, y cómo debería equilibrarse el acceso de los pacientes al cannabis a través de la telemedicina respecto a las medidas de protección necesarias para evitar el abuso del sistema actual?
Alemania se ha ganado claramente un papel de liderazgo en el debate europeo sobre el cannabis. Actualmente, casi ningún otro mercado está siendo observado tan de cerca. En 2025, se importaron a Alemania alrededor de 200 toneladas de cannabis medicinal. Al mismo tiempo, el mercado de uso adulto también se está desarrollando, aunque lentamente. A escala nacional, se dice que hasta 430 asociaciones de cultivo cuentan ya con licencia.
Dicho esto, la legalización también ha puesto de manifiesto una serie de debilidades regulatorias. La visión legislativa original consistía en un modelo de dos pilares, separando el cannabis medicinal, regulado por la Ley de Cannabis Medicinal —Medizinal-Cannabisgesetz, abreviada MedCanG—, del cannabis para consumo adulto, regulado por la Ley de Cannabis de Consumo —Konsumcannabisgesetz, abreviada KCanG—. En principio, esta distinción es razonable. En la práctica, sin embargo, ambos marcos han mostrado deficiencias importantes.
Respecto a la KCanG, el mercado no medicinal se basa en un modelo de clubes. El cannabis debe ser cultivado por asociaciones sin ánimo de lucro y distribuido a sus miembros sin margen de beneficio. Si bien la KCanG es una ley federal, el proceso efectivo de concesión de licencias corresponde a las autoridades de cada Estado federado. Dependiendo de la orientación política de cada Estado, ese proceso se ha configurado de manera viable o, por el contrario, innecesariamente gravosa. Algunos Estados han conseguido, en la práctica, que pocos clubes de cannabis, o ninguno, puedan llegar a operar.
Esto constituye un problema serio. Los legisladores habían previsto unas 3.000 asociaciones de cultivo en toda Alemania, pero las cifras reales siguen estando muy por debajo de ese objetivo. No puede hablarse, por tanto, de un suministro integral a escala nacional para los consumidores. Como resultado, muchas personas siguen recurriendo al mercado ilícito o a estructuras de telemedicina. En todo el país, los métodos utilizados por las autoridades estatales para obstaculizar a las asociaciones de cultivo son llamativamente similares. La normativa urbanística y de construcción es uno de los varios problemas recurrentes que a menudo se interpretan de forma indebidamente restrictiva.
Muchos clubes reciben permisos de cultivo, pero después no logran obtener las autorizaciones necesarias para utilizar los locales con ese fin debido a lo que considero interpretaciones deliberadamente restrictivas y jurídicamente defectuosas de las respectivas leyes estatales de construcción. Dado que estos mecanismos de obstrucción son tan similares en todo el país, una intervención federal debería ser tanto posible como eficaz, especialmente mediante la clarificación de los puntos jurídicos controvertidos que actualmente permiten a los Estados bloquear o retrasar a las asociaciones de cultivo. Hasta ahora, el legislador federal ha permanecido en gran medida al margen mientras algunos Estados socavan el propio propósito de la ley federal. Al mismo tiempo, los procedimientos judiciales siguen siendo limitados porque muchos clubes simplemente carecen de los recursos económicos necesarios para litigar; no obstante, las pocas resoluciones existentes sugieren que las críticas a la práctica administrativa actual están bien fundadas. En varios casos, los clubes han logrado finalmente hacer valer sus derechos.
En el mercado medicinal han surgido numerosas empresas de telemedicina. En algunos casos, obtener una receta se ha vuelto casi tan sencillo como comprar zapatos por internet, para gran frustración de los responsables políticos. Por ello, se ha considerado una modificación de la MedCanG que permitiría la prescripción en línea únicamente tras una visita médica presencial y que también prohibiría el envío postal. En mi opinión, esa sería una respuesta equivocada. Restringir de forma generalizada el acceso al cannabis medicinal supondría un paso atrás para cualquier política cannábica basada en la prevención.
No obstante, existe una clara necesidad de reforma. Con algunas excepciones, muchas de estas plataformas, así como los médicos y farmacias asociados a ellas, no cumplen de manera significativa un verdadero mandato médico. Se necesitan normas más claras, potencialmente incluso una ofensa de tipo penal que prohíba las prescripciones emitidas exclusivamente sobre la base de un cuestionario online. En cambio, en 2026 una video-consulta debería seguir estando plenamente disponible como una opción legítima de tratamiento, en función del criterio profesional del médico.
También son necesarias otras reformas. El cannabis medicinal no debería fijar su precio en el mercado mayorista en función del contenido de THC; los niveles de THC no deberían ser en absoluto el factor determinante en la fijación de precios médicos. Este enfoque también podría favorecer una gama de productos más amplia y equilibrada. Del mismo modo, los nombres de variedades de cannabis tomados del mercado recreativo no tienen cabida en un entorno médico. Debe evitarse el “lavado GMP” para estabilizar la calidad del producto. Asimismo, debería destinarse más financiación pública a estudios clínicos y a una recopilación adecuada de datos de pacientes a escala nacional, de modo que pueda evaluarse la demanda y mejorar la atención con el tiempo.
El cannabis es un medicamento cuyo potencial terapéutico aún no ha sido plenamente evaluado ni aprovechado. Sin embargo, el actual clima de “fiebre del oro” en parte de la industria está ocultando cada vez más ese hecho, tanto dentro del sector como ante el público en general. Esto daña la reputación de toda la industria, pero, sobre todo, contribuye a la estigmatización de los pacientes y a que se reste importancia al verdadero potencial médico del cannabis. Algunas distorsiones del mercado, como la espiral descendente de precios, quizá terminen estabilizándose por sí solas. Sin embargo, el daño reputacional continúa, y recuperar la credibilidad perdida debería ser ahora una prioridad central.
